La reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina no ocurre en el vacío. Por el contrario, es la culminación de un complejo proceso político y social, cuyos antecedentes constituyen la sustancia de este libro. Su primera edición coincidió con el alzamiento carapintada y procedió por pocos días a la sanción de la obediencia debida. Nadie conoce los pormenores mejor que Horacio Verbirsky, quien suma a una descollante labor de investigación periodística su desempeño como presidente del Centro Cavallo declaro por primera vez en 2001 la inconstitucionalidad y la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, que luego ratificaron diversos tribunales y el Congreso de la Nación. La pringosa sensación de impunidad que se instalo cuando el ex presidente Alfonsín pronuncio su desdichada frase de la Pascua de 1987 sobre héroes y orden domestico y se profundizo dos años después con los indultos de Menem no ha sido un disvalor circunscripto a un momento y a un sector de la sociedad, sino una mancha venenosa que se ha ido extendiendo hasta cubrirlo todo. Desde entonces se sucedieron asesinatos, casos de corrupción política, lavado de dinero y brutalidad policial, en los que la Justicia actúa tarde y mal. Este proceso de deterioro culmino con la pulverización del contrato social y el estado de derecho por Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, cuyas decisiones sobre la fortuna de los argentinos, y en muchos casos como consecuencia también sobre su vida, fueron agravadas por el cenador Eduardo Duhalde y su gobierno de transición. Si los mas graves crímenes ocurridos en la historia de nuestro país quedan sin castigo, ¿qué legitimidad tendrá el sistema jurídico para sancionar los delitos menores, que en comparación con aquellos son todos los demás? Por eso la nulidad de ambas leyes no es una decisión orientada hacia el pasado, sino un cimiento fundamental para la construcción de un futuromejor